Nicaragua no escapa al “regateo” de la justicia
Por: Nohelia González
América Latina ha experimentado el desmantelamiento del Estado de Derecho Constitucional y se ha dado paso a un Estado de policía, facilitado por la justicia negociada y la investigación policial, aseguró el doctor Sergio Cuarezma Terán durante el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología: Retos y Desafíos de Derecho Penal y de la Criminología.
Cuarezma Terán, magistrado liberal que se negó a integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para no validar los actos de los magistrados con período vencido, realizó una disertación denominada “De un sistema inquisitivo a un sistema inquisitivo con piel de acusatorio: En atención particular a la investigación y la justicia negociada”.
Según el catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, en la reforma “los órganos policiales no están sujetos a ningún tipo de control, ni del Ministerio Público ni de los jueces. En su actividad investigativa tienen una discrecionalidad sin límites. Esto no solo perjudica a los derechos humanos, sino también a la propia institucional policial”.
Según Cuarezma, este hecho ha sido demostrado científicamente en recientes investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) en Latinoamérica.
“En el marco de la investigación sobre los derechos fundamentales en la instrucción penal en los países de América Latina, se comprueba empíricamente las violaciones de los derechos fundamentales de las personas imputadas en la etapa de investigación. En las conclusiones de la misma se presentan hallazgos graves, violaciones propias de un proceso inquisitivo, identificadas en las nuevas legislaciones de corte acusatorio”, refirió Cuarezma.
PRUEBAS POR VÍA ILEGAL
El también catedrático universitario expuso, durante el evento dedicado al profesor Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, que en la etapa de instrucción penal practicada por los cuerpos policiales se advierte que los detenidos no gozan del derecho a la presencia de un defensor y se encuentran incomunicados; que las declaraciones que brindan los detenidos en la Policía en el proceso el judicial no las excluye, les da valor probatorio, contaminando la imparcialidad de los jueces, legitimando el modelo materialmente inquisitivo en sede acusatorio.
Asimismo la Policía y el Ministerio Público, apuntó Cuarezma, asumen poderes arbitrarios o incontrolados; y a esto se suma que la detención, custodia y alojamiento del detenido recaen en el mismo cuerpo, en perjuicio de la defensa del detenido.
El expositor apuntó que en aras de salvar las deficiencias en la investigación policial, existen prácticas judiciales orientadas a darle valor procesar a pruebas obtenidas ilícitamente “para permitir una valoración positiva de los elementos obtenidos ilícitamente”. “Que estos vicios por parte de la judicatura revela que se ha adoptado a nivel latinoamericano una doctrina jurídica de origen europeo que propicia estados legales de derecho y no estados constitucionales de derecho, privilegiando la seguridad de respuesta por sobre la seguridad jurídica”.
Cuarezma Terán advirtió que la dependencia de la Policía del Poder Ejecutivo hace que se convierta en un factor distorsionante de la investigación, “ya que cuando el Poder Ejecutivo no quiere que se investigue, el fiscal queda sin la cooperación necesaria y, por ende, en imposibilidad de hacerlo. No basta con la formalidad legal de que la Policía debe investigar los delitos, puesto que es sabido que esta averigua si lo desea, es decir, que en caso contrario se limita a cumplir órdenes y está en condiciones de desviar gravemente la investigación con total impunidad, pues no tiene nadie capacidad de controlarla”.
REGATEO DE LA JUSTICIA
Según el experto en Latinoamérica, y Nicaragua no es la excepción, con el ánimo de crear una justicia rápida, “se ha importado el plea bargaining o regateo de la justicia, más pudorosamente traducido como negociación, de influencia anglonorteamericana”.
Cuarezma critica que para justificar la validez del regateo se argumenta la “eficacia” que les permite a los ministerios públicos, con la resolución contratada del proceso, controlar la carga de trabajo y asegurar las condenas anticipadas.
“Lo más doloroso es que el Estado determina la culpabilidad del imputado muy económicamente porque no tiene que cumplir la obligación constitucional de aportar pruebas”, refiere el catedrático, para quien la negociación “conduce a la privatización del proceso penal”, en tanto que existe una relación horizontal entre las partes, de la que se deducen derechos y obligaciones. Además de constituirse en una fuente de extorsión que remplaza a la tortura.
“Quien carece de defensa de ‘calidad’ no tiene otro recurso que admitir lo que se le ofrece en la ‘negociación o regateo’, pues de lo contrario se le amenaza con un pena mucho más grave. De este modo se logra reducir el número de presos sin condena, puesto que ‘se los condena a todos rápidamente’, se condena a presos sin previo juicio”, expuso Cuarezma, para quien los más perjudicados son quienes tienen menores recursos.
Agregó que el papel del juez nicaragüense en el procedimiento de acuerdo “es nula”, en tanto que se da cuando la negociación está lograda, poniéndolo así como mero fedatario.
Este modelo de justicia, al que también se le denomina justicia a mil por hora o macdonalización de la justicia, expresó el doctor Sergio Cuarezma, encierra un peligro en la pretensión de implementar formas rápidas de condenación, que pretenden que nada quede por escrito, creando la ilusión de que es expedita y pragmática.
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