Leyes de Mano Dura, lejos de resolver la delincuencia, aumentan la violencia en espiral
Redacción Central
“La criminalidad es un problema humano y social, y no una maldición”, expresó el magistrado Sergio Cuarezma Terán, en León, Guanajuato, México, en el marco del II Congreso Internacional de Criminología y Criminalística realizado este mes en el Forum Cultural de dicha ciudad.
En el Congreso, inaugurado por el Procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, expertos analizaron el fenómeno delictivo y sus consecuencias en la sociedad, así como las perspectivas para prevenir, combatir y castigar las conductas delictivas que tienen a la región centroamericana con una de las mayores tasas de criminalidad en América Latina.
México es uno de los países que actualmente en Latinoamérica presenta los mayores niveles de violencia por la resistencia de los grupos organizados dentro de las redes narcos.
El magistrado Cuarezma, experto en Derecho Penal y Criminología, fue invitado para analizar el tratamiento penal de las pandillas juveniles o “Maras”.
Expresó que Nicaragua y Costa Rica son, a excepción del resto de países de la región, los que poseen las tasas más bajas de criminalidad.
En ese sentido, el experto apuntó que en Guatemala, según el Informe Regional en Centroamérica del Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible (2008), la violencia ha incrementado durante los últimos años, y la tasa de homicidios es de 4.5 por 10,000 habitantes.
En El Salvador la tasa es de 5.6, y en Honduras de 4.3 por 10,000 habitantes; Nicaragua pasó de 1.0 por 10,000 habitantes en 2000, a 1.3 en 2006 (Costa Rica de 0.8 y Panamá de 1.1).
En los delitos contra la persona, en Nicaragua, a diferencia de otros países de la región, el uso de armas de fuego en los hechos de asesinatos (56%) es menor.
En Guatemala, más de 8 de cada 10 homicidios se cometen con arma de fuego (la cifra más alta de la región); en El Salvador, cerca de 8 de cada 10 homicidios y en Honduras de 7 a 8 de cada 10 homicidios.
Sin embargo, reconoció Cuarezma que aunque para el ámbito internacional la cifra tiene un valor intermedio, hay que hacer la advertencia de que las tasas de robos en Nicaragua han incrementado de 35 a 44.7 por 10,000 habitantes.
“El incremento de los delitos contra la propiedad no se manifiesta con la simple argumentación de que el país está empobrecido, o que los pobres por ser pobres roban”, expresó.
“Esto, no sólo es una forma simulada de criminalizar la pobreza o la exclusión social, sino que es empíricamente insostenible”, señaló.
“Se ha demostrado en algunos países del Mundo Occidental, también en Nicaragua, el hecho de que en una sociedad con menores ingresos económicos per cápita, los delitos contra la propiedad incrementan, e igualmente, si aumenta el ingreso económico, la tasa de delitos contra la propiedad disminuye, es decir, hay una relación proporcional entre el ingreso económico per cápita en una sociedad y el incremento o no de los delitos contra el patrimonio de las personas”, observó Cuarezma.
“La respuesta ante tal hecho es, pues, crear condiciones para un sistema productivo que pueda integrar a la masa de personas excluidas en el ámbito laboral, y evitar caer en la tentación de crear leyes de mano dura, que lejos de resolver el tema, crearían una espiral de violencia social grave”, manifestó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Esto hace, junto con otros aspectos, para Cuarezma Terán, que Nicaragua sea percibido como el país con menos violencia, a pesar de la pobreza y de las desigualdades económicas que vive la población, hecho que no significa que todo el tiempo el país se mantenga con estos niveles de criminalidad.
Para el magistrado Cuarezma, la región centroamericana debe formular una política criminal o una propuesta social regional para enfrentar el fenómeno del delito.
El Estado de Nicaragua, a través del Gobierno, “tiene un buen momento para consensuar entre las instituciones involucradas las directrices fundamentales para la prevención y control de la criminalidad, que implica ni más ni menos, la formulación de políticas públicas dirigidas a configurar los problemas más sensibles de la sociedad, como el desempleo, la pobreza, la exclusión social”, destacó Cuarezma Terán.
El experto expresó que la región, y en particular Nicaragua, “debe considerar un plan de trabajo conjunto y como país, para enfrentar la delincuencia común y la delincuencia generada por la globalización, y determinar, entre otros aspectos, la calidad y cantidad de sus instituciones para enfrentar el problema”.
“Número de policías, de defensores públicos, fiscales por cien mil habitantes; cantidad de privados de libertad que está dispuesto el Estado a absorber y a mantener; y la definición de programas de inclusión para insertar a la población mayoritariamente joven al sistema productivo, y evitar de futuro que el problema regional de la pandilla –que se ha convertido en un tema de seguridad nacional– no se desarrolle como en el cono norte de la región centroamericana. Estamos a tiempo para evitarlo”, advirtió.
Recuperado de El Nuevo Diario